Historia de dos ciudades

José Álvarez Junco

EL PAIS 29 SEP 2013

Si hay una conclusión dominante que puede extraerse de los miles de libros y artículos dedicados a los nacionalismos, sería que los factores que explican su existencia no son las razas, la religión o la historia. Tampoco los intereses económicos, como quiso el marxismo. Más que burguesía, lo que encontramos tras estos procesos son élites político-intelectuales. No intelectuales en el sentido de grandes creadores de arte o pensamiento sino de personas que manejan y difunden productos culturales y que con ello se ganan la vida o son, o aspiran a ser, funcionarios. Pero sobre lo que quisiera reflexionar aquí hoy es sobre el hecho de que estas élites actúan necesariamente desde centros urbanos, porque es allí donde se crea y difunde la cultura. Allí se reúnen, intercambian ideas, conciben y lanzan su proyecto. La disputa se libra entre ciudades; más precisamente, entre élites urbanas.

Durante milenios, la humanidad ha vivido organizada en reinos o imperios, formas de dominación política dirigidas desde ciudades. No eran todavía naciones, porque no aspiraban a la homogeneidad cultural ni atribuían el poder soberano al pueblo. Al desaparecer en Europa el imperio romano, pareció que las ciudades iban a verse anegadas por un mundo rural regido por grandes señores dedicados a la guerra. Pero los centros urbanos recuperaron su fuerza y consiguieron crecer y rivalizar con los señores feudales. La superioridad de las ciudades fue su concentración de recursos (económicos y coactivos, como explicó Charles Tilly), frente a la fragmentación del poder del feudalismo. Aunque tampoco fueron las sociedades más urbanizadas donde surgió el Estado moderno. Muchas y muy esplendorosas ciudades había en el norte de Italia o en Flandes y, sin embargo, los grandes Estados europeos nacieron en territorios más amplios, dominados por un solo centro, como París, Londres o Madrid. Algunos de los Estados-nación europeos fueron más tardíos por la rivalidad entre varias ciudades, como Berlín y Viena o Roma, Milán y Turín.

En el caso español, hacia 1500 ninguna ciudad dominaba el conjunto de la Península. La zona más rica y poblada, Castilla la Vieja, se componía de una constelación de ciudades laneras (quizás la tercera europea, tras Italia y Flandes) y en el Mediterráneo había otra serie de poderosos núcleos urbanos marítimos y comerciales, como Valencia y Barcelona. Castilla acabó imponiéndose porque, tras su unión con Aragón y la conquista de Granada y Navarra, los monarcas establecieron allí su sede. Alguna razón tienen quienes hablan del “Estado español”, porque lo primero fue el Estado, en el que comenzaron a desarrollarse unas estructuras organizativas propias de un Estado moderno embrionario (tesorería, burocracia, ejército permanente). El sentimiento de nación llegó más tarde, y no sin dificultades. La capital en la que se acabaron estableciendo, Madrid, no era un gran centro agrícola, comercial, industrial o de comunicaciones. Era solo la corte y estaba situada en medio de un páramo, atractivo para los reyes porque había a su alrededor buenos terrenos de caza. Los monarcas, aliados primero con las ciudades frente a los señores feudales y sometiendo luego a aquellas al aplastar la rebelión comunera, consiguieron monopolizar el poder coactivo. Y, como cualquier monarca de la época, se embarcaron en multitud de empresas militares para ampliar sus dominios. Lo mismo hacían los reyes franceses o ingleses, pero con menor capacidad económica, debido a las remesas que los Habsburgo españoles recibían del continente recién descubierto al otro lado del Atlántico. Gracias a eso, esta monarquía logró imponer su supremacía en Europa durante algo más de un siglo. Pero su dedicación a las actividades militares, descuidando la creación de riqueza, acabó debilitándola, arruinando y despoblando sobre todo a Castilla, la región de más recursos y también la más sometida tras haber maniatado a sus Cortes (de ahí que los restantes reinos se resistieran, con razón, a perder sus inmunidades y privilegios). Su hegemonía europea terminó tras la Paz de Westfalia y sería sucedida por la francesa primero y por la británica después.

Al llegar la era contemporánea, aquella monarquía que estaba dejando de ser un im-perio quiso convertirse en una nación. Pero Madrid seguía siendo sobre todo corte, de la que emanaban órdenes principalmente militares, y apenas había crecido como centro productivo. En cambio, una primera industrialización textil se había producido, ya en el XVIII, en torno a Barcelona, que había sido sede de las instituciones representativas oligárquicas del Principado de Cataluña (Corts, Generalitat), por lo que albergaba una añoranza por su autogobierno perdido en 1714 (que nunca fue independencia en el sentido actual del término, pues dependía de la corona de Aragón). Era lógico que a la larga se desarrollara la rivalidad entre esta ciudad y Madrid.

A medida que avanzó el XIX, las élites barcelonesas se fueron viendo a sí mismas como más ricas, cultas y europeas que las madrileñas, de las que dependían políticamente. El desequilibrio era innegable. La ola romántica prendió, y no por casualidad, en Barcelona y se produjo una Renaixença, una idealización del esplendor medieval catalán y un sentimiento nostálgico por la lengua vernácula que se veía en extinción. Ya en el último cuarto del siglo, el Colegio de Abogados de Barcelona, para enfrentarse a la codificación, que les obligaría a competir en un mercado más amplio y homogéneo, defendió la singularidad del Derecho catalán, elaborando toda una teoría sobre su esencial incompatibilidad con el castellano, a partir de sus distintas raíces doctrinales (v. al respecto el libro de Stephen Jacobson). Luego vino el folklore, la sardana, la barretina, todo expandido por barceloneses en fervorosas excursiones al campo circundante, donde explicaban a los campesinos cuál debía ser, cuál era, en realidad —aunque no lo supieran—, su manera propia de vestir o de bailar. Joan-Lluis Marfany lo describió en un gran libro. Finalmente, aquel movimiento se presentó en política bajo el rótulo de Lliga Regionalista y la respuesta brutal de algunos militares asaltando sus periódicos provocó la Ley de Jurisdicciones y reforzó el estereotipo de que Cataluña encarnaba el civismo europeo frente a la barbarie de los castellanos.

Esas circunstancias, más que una identidad étnica mantenida sin interrupción a lo largo de un milenio, pueden ayudar a comprender el origen del nacionalismo catalán. Algo no muy distinto —aunque con muchas peculiaridades— ocurrió en el otro foco industrial del país, Bilbao (cuidado, no el País Vasco), que, sintiéndose superior por su riqueza y sus lazos con Inglaterra, lanzó también su órdago frente al dominio madrileño. En otros lugares, como Galicia, pese a tener seguramente mayores motivos para plantear una reivindicación nacionalista —dada su mayor homogeneidad lingüística, sus fronteras bien delimitadas y una situación de atraso que podría haber sido atribuida a la explotación “colonial” de Castilla—, el nacionalismo nunca tuvo tanta fuerza, por razones complejas, pero una de ellas seguramente porque no había una ciudad que fuera el centro, la capital natural; los escasos nacionalistas gallegos, al final, lanzaron sus propuestas desde Madrid o desde Buenos Aires.

Hoy, un siglo y pico después de este proceso, las circunstancias han cambiado mucho. Madrid no es ya el poblacho manchego que fue, sino el centro económico del país. Pero los estereotipos se mantienen vivos, porque el éxito de los nacionalismos lanzados desde Barcelona o Bilbao ha sido indiscutible. Por otro lado, en España se ha querido crear un Estado centralizado sobre el modelo francés, cuando la realidad es muy distinta a la francesa, dominada con claridad por un gran centro urbano con el que ningún otro puede rivalizar. En España hay, al menos, dos ciudades de tamaño y peso económico y cultural perfectamente comparable. Una, Barcelona, es claramente capital española en el mundo de la edición, el deportivo, el turístico. Y sus élites político-culturales, que no pueden soportar más la idea de depender de Madrid, han conseguido convencer a una gran parte de su población de que son diferentes a los españoles y de que lo mejor es, sencillamente, dejar de pertenecer a España.

No pretendo lanzar propuestas para superar la situación actual, sino simplemente in-troducir un elemento más, la pugna urbana, para ayudar a comprender el problema. Pero la teoría, inevitablemente, insinúa soluciones. Estamos en la era posnacional, en la que el Estado-nación ha dejado de ser soberano en muchos sentidos. No basta con constatar y apoyar ese proceso. También hay que hacer más compleja la organización de lo que queda del Estado. Sería interesante, por ejemplo, plantear una especie de doble capitalidad, o múltiple capitalidad, con instituciones estatales (el Senado, para empezar) situadas en otras ciudades, y con un tratamiento de las lenguas no castellanas como oficiales también del resto de España (en Canadá, Quebec es una minoría, pero el francés es oficial en todo el país).

Aunque me temo que es tarde para todo esto.

José Álvarez Junco es catedrático de Historia en la Universidad Complutense, Madrid. Su último libro es Las historias de España (Pons/Crítica)

Monarquía o república

JULIÁN CASANOVA

EL PAÍS – 7  abril 2013

No resulta fácil ofrecer una visión general de la sociedad española, de esta larga crisis, de los límites de la democracia y de la decadencia del sistema de representación política. Parecemos un país moribundo, con menos riqueza y poder de lo que presumíamos, con corrupción y mala administración, sin instituciones en las que confiar. Como si de una vieja historia se tratara, repetida ya otras veces a lo largo del siglo XX, hemos pasado del triunfalismo al desengaño. Mucha gente vomita cabreo, decepción, incluso protesta. Pero frente a los diagnósticos catastrofistas y el pesimismo sobre el futuro, no aparecen soluciones, más allá de ese término en boca de muchos, regeneración, poco original en un país que ya intentó varias. ¿Está el sistema agotado? ¿Necesitamos un cambio de régimen?

Lo primero que hay que decir es que, desde arriba, hay muy poca voluntad de emprender el camino del cambio. Los políticos forman partidos de notables y clientelas, que repiten los mismos nombres y vicios adquiridos y solo movilizan a la opinión pública en tiempos de elecciones. Y desde abajo, pese a lo mucho que podemos gritar o escandalizarnos, y al tono de condena moral presente en muchas declaraciones, hemos aceptado con bastante conformidad, y hasta deferencia, la trama de intereses, corruptelas y negocios privados que, desde la política local al Parlamento, se ha tejido en varios lustros de bonanza económica. Por arriba y por abajo, el espacio para la acción política alternativa, de oposición, es ahora, como consecuencia también de años de inmovilismo y apatía, escaso, casi inexistente.

La derecha en el poder, amparada por una amplia red de medios de comunicación afines, va a mover pocas fichas, porque sabe que el problema lo tiene la izquierda, donde cunde el desaliento, fragmentada, sin liderazgo y a la que puede echar sobre sus espaldas el origen de la crisis, las expresiones de disidencia y la radicalización de la movilización social en la calle —desde el 15-M al escrache—. Y aunque esas acusaciones sean falsas, es indiscutible que la izquierda parlamentaria tiene hoy serios problemas para representar el descontento popular y plantar cara al acoso y derribo del Estado de bienestar.

Nadie parece dispuesto a renunciar a sus prerrogativas. La política institucional está en crisis y para regenerarla ya no se puede contar con el concurso de la Corona. Desde la muerte de Franco, y sobre todo a partir del fallido golpe de Estado de febrero de 1981, a muchos les dio por presumir de Rey, protegerlo frente a las críticas y el debate público, para preservar lo conseguido y cambiar el pobre bagaje democrático que la historia de la Monarquía borbónica podía exhibir antes de 1931. Para ello se ocultó, rompiéndolo, el cordón umbilical que unía a don Juan Carlos con la dictadura de Franco, de donde procedía en ese momento su única legitimidad, y se estigmatizó a la República, ya liquidada por las armas y la represión, como la causante de todos los conflictos y enfrentamientos que llevaron a la Guerra Civil. No puede negarse el éxito de esa operación de lavado del pasado, capaz de sobrevivir, sin grandes cambios, hasta en los libros de texto, durante más de tres décadas de democracia.

Al mismo tiempo, una buena parte de la clase política trató de borrar los recuerdos más incómodos de la dictadura de Franco y cuando, ya en el siglo XXI, el Estado puso en marcha, aunque con mucha timidez, políticas públicas de memoria, recordar el pasado para aprender, y no para castigar o condenar, una parte importante de la sociedad reaccionó en contra. No resulta extraño escuchar a los políticos del PP afirmar que la Segunda República fue un desastre, reproducir en ese tema las ideas de los vencedores de la guerra civil y de los voceros neofranquistas, falsear la historia a gusto de la Iglesia, la Monarquía y las buenas gentes de orden.

La crisis actual, los escándalos en torno a la Casa del Rey, graves para la buena salud de la democracia, al margen de cómo acabe la imputación de la infanta Cristina, y la falta de transparencia y de respuesta ante ellos van a marcar, no obstante, un punto de inflexión para la legitimidad de la Monarquía. El cambio en España tiene que ir acompañado de una renovación cultural y educativa, de nuevas ideas sobre el mundo del trabajo y de una lucha por la democratización de las instituciones. Un movimiento político que reaccione frente a los excesos del poder, que persiga el establecimiento de un Estado laico, que recupere el compromiso de mantener los servicios sociales y la distribución de forma más equitativa de la riqueza. Esa nueva cultura cívica y participativa puede, y debe, alejarse del marco institucional monárquico y retomar la mejor tradición del ideal republicano. Hacer política sin oligarcas ni corruptos, recuperar el interés por la gestión de los recursos comunes y por los asuntos públicos. En eso consiste la república.

Maquiavelo, nuestro contemporáneo

Hace quinientos años, terminó un pequeño tratado, ‘El Príncipe’, que sigue conservando su influencia intacta: nadie supo distinguir con tanta nitidez cómo funciona de hecho la política y cómo nos gustaría que lo hiciera

Fernando Vallespín

EL PAÍS, 3 MAR 2013

Hace 500 años, en el otoño-invierno de 1513, un apesadumbrado Maquiavelo, exiliado en su finca de Sant’Andrea tras la caída de la república florentina, consiguió escribir lo que acabaría siendo uno de los más grandes libros de la historia de la teoría política, El príncipe. Era un pequeño tratado de no más de 30.000 palabras en el que se hablaba de los diferentes tipos de principados y de los atributos que deben acompañar a los hombres de Estado. A los ojos de hoy, tanto el estilo como la continua sucesión de ejemplos históricos no ofrecen una lectura fácil. Esto contrasta, sin embargo, con la vigencia que desde entonces siguen teniendo sus principales mensajes. Ya se sabe, un clásico es un autor del pasado con el que dialogamos como si fuese un contemporáneo, alguien que sigue presente entre nosotros a pesar de la distancia temporal que se abre entre su tiempo y el nuestro. Seguramente porque todavía tiene algo que decirnos y sigue siendo escuchado cuando abordamos ciertos temas o nos adentramos en algunos problemas o discusiones.

Las cuestiones centrales del libro giran todas en torno al poder. Es un perfecto manual de las técnicas de poder, y de cómo toda acción política debe ser evaluada en función de su capacidad para obtenerlo y mantenerlo, no de su ajuste más o menos cabal a los imperativos de la moralidad. Lo que importa es el éxito a la hora de buscar este objetivo, y aquel condiciona la naturaleza de los medios que sean necesarios para alcanzarlo. “El que quiere el fin debe querer los medios”, que diría Nietzsche. Y los medios que se requieren para el sustento y la protección del Estado —o la conservación del poder por parte del príncipe— no siempre se prestan a los dictados de la acción moral. Es más, si un gobernante no está dispuesto a renunciar a la moral cuando las circunstancias así lo exijan, más vale que se dedique a otra cosa. “Un príncipe que quiera mantenerse como tal debe aprender a no ser necesariamente bueno, y usar esto o no según lo precise”. Vicio y virtud serían así categorías de la moral, no de la política. Porque la política exige mancharse las manos, es irreconciliable con una visión de la realidad en la que la acción moral siempre nos ofrece una alternativa a lo que se impone como necesario, que haya algo así como una armonía entre principios éticos y las consecuencias específicas derivadas de aplicarlos.

A la vista de esto, no es de extrañar que Maquiavelo fuera visto desde siempre como el “maestro del mal” (L.Strauss), como un a-moralista a quien había que combatir por todos los medios. El cardenal Pole llegó incluso a decir que su libro había sido escrito “por la mano de Satanás”. Otros lo absuelven, porque en sus Discursos, el tratado sobre las repúblicas que comenzara a escribir en ese mismo año de 1513, cambia de perspectiva y traslada el fin de la acción política desde la conservación del poder del príncipe al vivere civile y libero republicano, y subraya la necesidad del apoyo del pueblo como fundamento de la fuerza del gobernante. Aunque, todo sea dicho, con ello no cambia lo más sustancial de su enfoque. La razón de Estado sigue presente —si está en peligro la patria deja de constreñirnos la moral y el derecho—, y, sobre todo, sigue manteniendo que la política, aun bajo condiciones republicanas, no nos enfrenta a un mundo reconciliado. La maldad del hombre es inextricable —“un hombre olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”— y nunca podremos liberarnos del engaño y la mentira como medios fundamentales de la acción política.

Maquiavelo nos ofrece, en efecto, una política exenta de moralina, que diría Nietzsche, y ha pasado a la historia, como el primer realista político. Nadie supo distinguir con tanta nitidez la distancia que se abre entre cómo funciona de hecho la política y cómo nos gustaría que lo hiciera. Su mensaje no puede ser más meridiano, la política siempre es estratégica, siempre ha de vérselas con actores que tratan de maximizar sus intereses con todos los medios a su alcance, y ninguno de ellos hace aspavientos a los instrumentos que sean necesarios para alcanzarlos. Es preciso observar, sin embargo, que al presentarnos este dato fundamental de lo político, nuestro autor contribuye a desvelarnos la naturaleza profunda del poder, desprovista ya de mitos e ideologías legitimadoras, su rostro desnudo. Y, como ya observaba Gramsci, esto es lo que nos permite actuar para eludir sus peores consecuencias y buscar “otra política”.

La constatación de que Maquiavelo en eso tiene razón es, en definitiva, lo que nos ha llevado a diseñar todos los diques posibles para evitar que la razón de Estado o la persecución del interés propio, tanto por parte de los gobernantes como de los grupos de interés, traspase ciertos límites. Esa ha sido la labor tradicional de la democracia y de las instituciones del Estado de derecho. Hoy, junto con la exigencia de ética pública, funcionan como algunos de los condicionantes externos de la acción política. Exactamente igual que eso que teorizaba en su libro cuando se refería a la necessitá o la fortuna.

La virtú del gobernante no solo consiste en saber operar bajo esos condicionantes, sino en tener conciencia también de cuál es la qualità de’ tempi, las peculiaridades de cada contexto y el estilo de gobierno que encaja con ellas. En este sentido, la política de los drones de Obama sería más maquiavélica que la de Guantánamo o de las empresas bélicas de Bush. En ambos casos, el fin, la seguridad, condiciona los medios, pero una es mucho más aceptable para la moralidad pública de un país como Estados Unidos que otra y, por tanto, más eficaz. El fin se impone a pesar de su inmoralidad, pero unos son más digeribles para las “circunstancias del tiempo” que otros. Como se ve, lo importante es el éxito de la acción, no su adecuación a principios. O, desde otra perspectiva y por quedarnos en nuestro país, las nuevas medidas dirigidas a evitar la corrupción, que son una respuesta a la tendencia de un sector de la clase política a perseguir sus propios intereses a expensas del interés público, responden a una clara presión ciudadana para imponer un nuevo dique a los políticos. Maquiavelo diría que lo hacen más por ser reelegidos que porque crean en ellos, pero lo que importa a la postre es que existan y constriñan su acción.

Sea como fuere, el mensaje fundamental de Maquiavelo es que el punto de partida de lo político debe ser siempre la necesidad de atender a las consecuencias de las decisiones políticas, una variante, mucho más cruda, de la ética de la responsabilidad weberiana. El problema estriba en que —sin caer en el hipermoralismo— seamos capaces de escoger los medios, que aun permitiéndonos la consecución de un fin concreto, no atenten contra lo que deben ser los objetivos fundamentales de nuestra vida en común y dotan de identidad y sentido a la vida democrática, el vivere civile e libero adecuado a nuestra época. Es algo que no podemos ignorar en estos momentos en los que casi todo vale con tal de salir de la crisis económica, el fin hipostasiado, o en el que los presupuestos básicos de la ética pública aparecen hechos jirones. Puede que el mal no pueda ser erradicado de la política, pero lo que está claro es que el mejor antídoto contra el burdo maquiavelismo es una ciudadanía vigilante con capacidad para la reflexión y la crítica. No podemos olvidar que, como decía el profesor Del Águila, uno de nuestros mayores expertos sobre Maquiavelo, al final “somos nosotros quienes trazamos la línea de lo intolerable”.