Una tradición inventada

Santos Juliá

EL PAIS 19 de Junio de 2014

Ni en su origen ni en las primeras décadas de existencia de las izquierdas la República estaba entre sus preocupaciones. Para algunos, es como si no hubiera ocurrido nada entre 1930 y 2014

 

Entre los males que de un tiempo a esta parte se achacan al proceso de transición política a la democracia iniciado en julio de 1976 ocupa un destacado lugar lo que el portavoz de la Izquierda Plural evocaba hace unos días en el Congreso como “renuncia de tanta gente a tantos sueños y tantas convicciones, hasta aceptar un monarca designado inicialmente por el dictador”. Basaba Cayo Lara la legitimidad de la convocatoria de “un referéndum para que el pueblo decida su destino” precisamente en “todas esas renuncias en la Transición para que la democracia saliera adelante”. Al cabo de 35 años, Izquierda Plural tiene claro que los males que afectan a la democracia española proceden de aquellas renuncias en mala hora consentidas por los partidos que fraguaron el pacto constitucional y entre los que nadie diría hoy que el comunista haya desempeñado un papel fundamental.

 ¿Renunciaron los dos partidos de la oposición de izquierdas, el socialista y el comunista, a su “vocación republicana” durante el proceso de transición a la democracia? O mejor, ¿definía a esos partidos, PSOE y PCE, una cultura, una vocación o una tradición republicanas? Y si era así, ¿desde cuándo? Porque si algo hay claro en la historia de ambos partidos es que ni en su origen ni en las primeras décadas de su existencia dieron muestra alguna de que la República como forma política del Estado entrara entre sus principales preocupaciones.

Más bien sucedía lo contrario: en las deslumbrantes claridades dicotómicas que inundaban de luz su concepción del mundo, Pablo Iglesias tardó tres décadas en percibir que existía un terreno situado entre explotadores y explotados, entre burguesía y proletariado, que merecía la pena explorar. Vencida al fin su repugnancia, accedió en 1909 a formar una coalición con los republicanos, tildados poco antes de “maestros consumados en el arte de engañar”, no por ningún motivo mezquino, como el de conquistar escaños en el Congreso, sino porque serviría para “ayudar a la revolución”.

La República adquirió así para los socialistas un valor instrumental al que se atuvieron en el futuro: valía en la medida en que permitía al proletariado “avanzar tranquilamente, sin innecesarias perturbaciones”, hacia su meta final. No es sorprendente, por eso, que en 1930 escribiera Julián Zugazagoitia que un socialista solo podía ver la idea de la República “con indiferencia” por la muy sencilla razón de que a quien se había educado en las convicciones marxistas “le tiene perfectamente sin cuidado el trastueque que se opera en un país al pasar de la Monarquía a la República”; una toma de posición no muy alejada de la respuesta antológica que el comité ejecutivo del PCE se dio a sí mismo después de preguntar, también en 1930, qué significaba la República para los obreros: “Es la Guardia Civil garantizando la propiedad y la explotación de los obreros y los campesinos bajo la dirección de un presidente en lugar del rey”.

Se comprende que solo al cabo de otros cuatro meses, mientras las gentes festejaban en las calles el advenimiento de la República, un grupo de agitadores del PCE irrumpiera con su camioneta en la Puerta del Sol gritando la consigna “Abajo la República, vivan los soviets”. Y que al cabo de cuatro años, hecha la experiencia republicana, El Socialista anunciara en un editorial que la República, “ni vestida ni desnuda nos interesa” y le deseara la muerte. ¿A manos de quién? Ah, eso no importaba, de quien fuera.

De modo que, cuando la rebelión militar de julio de 1936 puso a la República a los pies de los caballos, los partidos y sindicatos que acudieron a sofocarla conservaran, por encima de su adhesión o lealtad republicana, su identidad propia, su cultura y prácticas políticas, sus estrategias y sus metas finales, que no eran la República de 1931 sino el comunismo, el socialismo, el anarquismo o la independencia de sus naciones: por eso luchaban y por eso morían y por eso merecen ser recordados.

La debilidad de los republicanos y los fines muchas veces enfrentados de las fuerzas coligadas retrasaron y finalmente impidieron una estrategia común de defensa frente al enemigo, que tampoco el gobierno de Negrín pudo imponer. A pesar de la sangre derramada en su defensa, la República sucumbió doblemente derrotada: por quienes se rebelaron contra ella y por quienes en su interior libraron más de una guerra civil —en Cataluña, en Aragón, en Madrid—dentro de la Guerra Civil.

Años después de la derrota, cuando algún niño de la guerra o de la inmediata posguerra conversaba, en París o en Madrid, acerca de todo esto con un socialista de tal o cual facción, aprendía que los culpables de la derrota habían sido los socialistas de la facción contraria; si hablaba con un comunista, la culpa recaía sobre los anarquistas, por su indisciplina y su “infantilismo revolucionario”, o sobre el Consejo Nacional de Defensa, por su traición; y si con anarquistas o sindicalistas, entonces los culpables eran los comunistas, que habían vendido la República a los intereses de la Unión Soviética. ¿Cómo se podía, con estas memorias enfrentadas, hoy disueltas, silenciadas o desaparecidas en una inventada memoria democrática, recuperar una tradición republicana? Salvo la efímera ilusión acariciada tras el triunfo de los aliados en la Guerra Mundial, muy pocos en el exilio volvieron a acordarse de las instituciones de la República, digna y solitariamente mantenidas por personalidades republicanas sin el apoyo de los partidos socialista o comunista, por no hablar de los sindicalistas.

Por eso, cuando ahora se oye que las izquierdas españolas vienen de una tradición republicana a la que traicionaron en los años de Transición por el plato de lentejas de una democracia devaluada, habría que recordar que el Partido Comunista renunció a plantear la cuestión de la República veinte años antes de que la transición comenzase, en 1956, cuando publicó su célebre declaración “por la reconciliación nacional, por una solución democrática y pacífica del problema español”, donde la República ni se menciona. Y diez años después, en 1966, sería la mismísima Dolores Ibarruri quien, al recordar que el problema del régimen estaba en la calle y evocar a quienes “en el deshojar de la margarita política española se preguntan: ¿Monarquía y República?”, afirmaba que solo cabía una respuesta: Democracia y Libertad, ambas en mayúscula.

Democracia y libertad, sin mención de la República, fue también la base de la resolución a la que llegaron en Múnich en 1962 varios partidos de la oposición interior y del exilio, con presencia principal del PSOE. Y aunque con la cercanía de la muerte del dictador, la República —federal, para más señas— retornara a declaraciones y congresos, no conviene olvidar que el Partido Comunista y las llamadas personalidades independientes de la Junta Democrática no dejaron de instar a don Juan de Borbón a publicitar un manifiesto postulándose como titular de la Corona: no que no quisieran un rey en la jefatura del Estado, sino que se equivocaron de candidato. En cualquier caso, desde 1948 los socialistas y desde 1956 los comunistas, todos habían hecho saber en privado y en público que aceptarían un regente o un rey en la jefatura del Estado siempre que abriera el camino a un proceso constituyente con referéndum final. Y eso fue lo que ocurrió a partir de 1976 y hasta 1978, en condiciones que nadie podía ni imaginar siquiera treinta o veinte años antes.

Sin duda, nada se puede objetar a la legitimidad de una movilización por la República, pero no deja de suscitar cierta melancolía que a su cabeza se encuentren los herederos de quienes en los años sesenta del pasado siglo enseñaron a jóvenes desorientados que el problema no era Monarquía o República, sino democracia o dictadura. Hoy, como ya no hay dictadura, pero como volvemos a saborear el placer intelectual y el potencial movilizador de las claridades dicotómicas, el dilema vuelve a enunciarse, por quienes inventan una tradición republicana de la que se apropian ochenta y cuatro años después de haberla despreciado y combatido, como Monarquía o democracia. Con lo cual, limpios de polvo y paja, volvemos a 1930 sin que aquí haya pasado nada.

¿Es importante la abdicación del Rey?

Francesc de Carreras

EL PAIS 10 de junio de 2014

La Corona tiene amplias facultades relacionales, imprecisas pero efectivas. El reto de Felipe VI es ganarse la ‘auctoritas’, que no es tener poder, sino suscitar confianza como la que obtuvo Juan Carlos I

En los últimos tiempos, muchos opinaban que el rey Juan Carlos debía retirarse y dar paso a su hijo. Tras la abdicación, otros, quizá los mismos, o bien consideran que debe celebrarse un referéndum sobre la alternativa Monarquía / República como forma de Estado, o bien sostienen que el futuro Felipe VI debe ser capaz de solucionar todos los problemas de nuestro país. Antes de que nos machaquen el cerebro con tan geniales ideas quizá deberíamos aclarar otras más fundamentales. Veamos.

En España la Monarquía no es una forma de Estado. Tal como dice el artículo 1 de la Constitución (CE) “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”: ésta es nuestra forma de Estado. Las formas de Estado se determinan por dos factores: quién es el titular originario del poder —quién es el sujeto de la soberanía— y cuál es el modo de ejercerlo. En nuestra Constitución el titular de la soberanía es el pueblo español —el poder constituyente— y el poder se ejerce de acuerdo con los principios del Estado de derecho, establecidos en el artículo 9 CE, y desarrollados en el resto de la Constitución y del ordenamiento jurídico.

En otras épocas la Monarquía fue una forma de Estado, ya que el rey o bien era el sujeto único de la soberanía —en el Estado absoluto—, o bien compartía esta soberanía con el Parlamento. Esto último sucedía en las monarquías constitucionales del liberalismo moderado europeo, entre ellas las nuestras. En estos supuestos, República y Monarquía eran términos opuestos: la primera era democrática y la segunda, no. La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 significó el triunfo de la democracia en España porque la Monarquía no era democrática.

Sin embargo, la Monarquía parlamentaria como “forma política” de Estado, según la define en España el artículo 1.3 CE, es algo muy distinto. No es una forma de Estado, sino de Gobierno. Para configurarla debemos combinar tres componentes: los poderes del rey, sus funciones y el contexto institucional en el que opera.

Vayamos a lo primero: los poderes. El rey (o reina), titular de la Corona, un órgano constitucional, ejerce de jefe del Estado con una característica esencial: no tiene poderes políticos sustantivos, sino sólo poderes formales, es decir, no puede imponer su voluntad a nadie, con lo cual, en lógica correspondencia, de sus actos políticos son responsables quienes los refrendan, en general, el presidente del Gobierno. Por tanto, la Corona no tiene Poder Legislativo, ni Poder Ejecutivo, ni Poder Judicial, es decir, no puede dictar ni leyes, ni reglamentos, ni actos administrativos ni sentencias. En un Estado de derecho esto implica no tener poder.

Ahora bien, en segundo lugar, como jefe del Estado, además de estos poderes formales sin contenido sustancial, el Rey ejerce también funciones relacionales de un mayor calado. Por un lado, según el artículo 56.1 CE, es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado: de ahí derivan sus facultades de relación con otros Estados de la comunidad internacional. Cuando una autoridad de otro país habla con el Rey está tratando con la más alta representación permanente del Estado español, no con un gobernante cuyo mandato es circunstancial, pues deriva de unas elecciones.

Por otro lado, ejerce también la muy importante función interna de reinar: “el rey no gobierna, pero reina”, solía decir el profesor Jiménez de Parga, matizando significativamente la conocida frase de “el rey reina, pero no gobierna”. Reinar es, pues, importante: consiste en ejercer la función arbitral y moderadora en el funcionamiento regular de las instituciones que al Rey le asigna el artículo 56.1, dado que es el único órgano constitucional que puede ejercer tal función debido a su posición neutral, no dependiente de elecciones ni de partidos.

Pero ¿qué significa arbitrar y moderar? El británico Bagehot, en la segunda mitad del siglo XIX, decía que significa “advertir, animar y ser consultado” por los representantes de las demás instituciones. Tomás y Valiente puso al día esta fórmula clásica refiriéndose a la actual Corona española: “El Rey, en el ejercicio de su función arbitral, puede (…) escuchar, consultar, informarse; puede, después, recomendar, sugerir, instar, aconsejar, moderar. No puede decidir por sí solo [pero sí conjugar éstos y otros verbos] con discreción y prudencia”. Por tanto, junto a poderes simplemente formales, la Corona tiene también importantes facultades relacionales imprecisas, pero efectivas.

Vistos estos poderes y funciones, analicemos, en tercer lugar, la posición de la Corona en el contexto de nuestra forma de gobierno parlamentaria. Tal forma de gobierno se define por dos características: primera, una relación de confianza entre el Parlamento y el Gobierno; segunda, la responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento. Veamos ambas.

Por un lado, los ciudadanos eligen mediante sufragio a los diputados del Congreso que, por mayoría, designan a un presidente del Gobierno, el cual escoge su Consejo de Ministros. Por otro lado, este presidente es políticamente responsable ante quienes le han elegido y, en consecuencia, los diputados, por mayoría, pueden destituirlo. Lo relevante, a nuestros efectos, es que el Rey no interfiere para nada en estos procesos: los protagonistas son los ciudadanos que votan, los diputados que eligen o destituyen al presidente y éste que designa al Gobierno. El Rey se limita a ejercer actos formales sin condicionar su contenido.

Llegamos, por tanto, a la conclusión. ¿Qué es nuestra Monarquía parlamentaria? Una forma de gobierno parlamentaria, como podría ser una República, con una Jefatura del Estado monárquica. Es decir, un Gobierno elegido indirectamente por los ciudadanos y un Rey que, en cambio, accede al cargo de forma mecánica por sucesión hereditaria. La combinación de ambos elementos no sería democrática si el Rey tuviera poderes. Pero como no es así, la fórmula resultante es perfectamente democrática: el poder sólo reside en el pueblo.

¿Cuál es la diferencia entre una República democrática y una Monarquía democrática? Que en la República el jefe del Estado es elegido —directa o indirectamente— por el pueblo: en unos Estados tiene muchos poderes, como es el caso de los sistemas presidenciales (por ejemplo, EE UU), en otros algo menos (como en Francia), en unos terceros apenas nada (como en Italia o Alemania). En las monarquías parlamentarias el jefe del Estado no es elegido por el pueblo, pero no tiene poderes. Por ello nuestra Monarquía parlamentaria no es menos democrática que una República con el mismo carácter. Como también son democráticas las monarquías sueca, danesa, noruega o británica. Se puede desear que España se convierta en República, pero no en nombre de la democracia: la Monarquía parlamentaria ya es democrática.

De este extenso planteamiento deducimos con facilidad la incógnita que plantea el interrogante del título: ¿Es importante la abdicación del Rey? No hay una respuesta taxativa. Por un lado, al carecer de poderes políticos, al nuevo Rey no se le puede pedir que resuelva él solo los arduos problemas del presente que son responsabilidad de las instituciones políticas y de los partidos que las dirigen. Pero, por otro lado, el Rey ejerce en nuestro sistema constitucional amplias funciones relacionales y de su autoridad —de su auctoritas, ese viejo concepto romano— dependerá un ejercicio eficaz de las mismas.

Éste será el primer reto de Felipe VI: ganarse la auctoritas, que no es tener poder, sino suscitar confianza. Juan Carlos I la obtuvo impulsando la democracia en la Transición, derrotando a los golpistas y actuando después de acuerdo con la Constitución. El todavía príncipe Felipe se encuentra en circunstancias muy distintas, menos épicas aunque también complicadas. En los próximos meses debe demostrarnos que es capaz de navegar con discreción entre los escollos mediante las sutiles funciones que tiene asignadas.

Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional y autor del libro Paciencia e independencia, publicado recientemente.