Política
Liturgia del gurú
El PAIS, 7 JULIO 2017
Antonio Muñoz Molina
En el éxito de la prosa psicoanalítica y pedregosa de Zizek noto alguna huella de las abstracciones del Althusser que visitó Granada
Cuando era muy joven, en 1976, presencié de cerca la llegada de un gurú al que se recibió entonces como he visto que se recibe ahora en Madrid al filósofo Zizek.
Era en Granada, en una primavera excitante y convulsa, solo unos meses después de la muerte de Franco. Era el tiempo en el que la dictadura parecía que se debilitaba o se desmoronaba y en el que lo nuevo tardaba tanto en llegar que vivíamos en el aire, en suspenso, en un presente que se desprendía del pasado, pero que no tenía conexión con ningún porvenir verosímil. En Granada, el Hospital Real, entonces la sede de la Facultad de Letras, era un enclave casi extraterritorial de libertad insegura, de una sublevación afiebrada que sin embargo no solía extenderse más allá de los portones de la entrada, del jardín delantero del edificio. Por las calles de la ciudad seguían patrullando las mismas furgonetas grises de la policía. Las noticias sobre detenciones y palizas ahora escaseaban, pero no habían desaparecido. Tampoco había desaparecido el miedo. En Vitoria la policía había disparado a bocajarro contra una multitud de trabajadores en huelga y había matado a seis de ellos. Pero en la Facultad de Letras, el gran hospital con bóvedas góticas y patios renacentistas que venía de los tiempos de los Reyes Católicos, los muros estaban llenos de carteles y pancartas de todo tipo de organizaciones políticas radicales, y los días de clase eran más infrecuentes que los de huelgas o asambleas. El derecho de huelga y el derecho de reunión o manifestación no existían, pero los estudiantes abandonábamos las aulas para concentrarnos por centenares en los cruceros y en los patios. La policía observaba a una cierta distancia, las furgonetas grises aparcadas en calles laterales, los antidisturbios rondando el perímetro de la Facultad con los fusiles en la mano, las porras al cinto, las viseras de los cascos levantadas.
Cualquier clase se convertía de pronto en una asamblea. El derecho a fumar en todo momento se ejercía tan apasionadamente, tan sin fatiga ni tregua, como el de debatirlo todo: los programas de enseñanza en la universidad, la disolución inmediata de los cuerpos represivos, la proclamación de la III República, la transición no ya del fascismo a la democracia, sino del capitalismo al comunismo. El porvenir exigía ideas claras, decisiones rápidas, sentido común, concordia. Encerrados y protegidos hasta cierto punto en nuestra Facultad, nosotros vivíamos de abstracciones, repetíamos fantasías y cismas ideológicos de medio siglo atrás. Las diatribas más feroces no sucedían entre partidarios y detractores del régimen de Franco. La inquina mayor era la que se dedicaban entre sí los militantes del Partido Comunista y los de otros grupos más a la izquierda, trotskistas y maoístas. Trotskistas y maoístas estaban unidos en su odio a los “revisionistas” del PC, pero a su vez se detestaban entre sí. Había un sectarismo de catacumbas y de dogmas tan abstrusos como los del cristianismo primitivo, una necesidad idéntica de distinguir entre los puros y los herejes.
Unos y otros escrutaban las Sagradas Escrituras en busca de pasajes favorables que legitimaran sus anatemas y sus excomuniones. Las Escrituras eran el Manifiesto comunista, El capital, el Qué hacer de Lenin, etcétera; pero sobre todo los manuales divulgativos de la época. En 1976, el más leído y estudiado en las universidades española era Conceptos elementales del materialismo histórico, de Marta Harnecker, un breviario tan sencillo y rotundo como el catecismo, o como el Libro Rojo de Mao.
Luego estaba Althusser. Althusser era como un Padre de la Iglesia, un san Agustín o Tomás de Aquino de la Trinidad Sagrada, Marx, Engels, Lenin. Sus dos libros más cuantiosos estaban en los escaparates de todas las librerías: Para leer ‘El capital’, La revolución teórica de Marx. Se corrió la buena nueva de que Althusser venía a Granada a dar una conferencia; a Granada y a nuestra Facultad, donde enseñaban algunos de sus discípulos predilectos en España.
Nunca hubo tanta gente en ninguna asamblea del Hospital Real. Más de mil personas llenábamos uno de los claustros. Los pasillos estaban ocupados por gente de pie. El humo del tabaco acrecentaba el espesor del aire. Entró Althusser acompañado por sus discípulos y, después del gran aplauso, se puso a leer su conferencia. Era un hombre muy pálido, de expresión fúnebre. Leía inclinando la cara hacia el papel, sin levantar la voz, sin variar el tono. Leyó durante una hora una conferencia filosófica, muy abstracta, sin la oratoria de revuelta política que muchos de nosotros habíamos esperado. La conferencia, además, estaba en francés. Un rato antes del comienzo se había repartido unas fotocopias escasas con la traducción. Como una ola invisible, la adoración se convertía en estupor, aunque nadie tuviera la valentía de manifestarlo, de mostrar impaciencia, ni siquiera incomodidad. En un silencio que las bóvedas y los ventanales góticos volvían más eclesiástico, aquella voz mortecina seguía murmurando párrafos en francés que prácticamente ninguno de nosotros comprendía. De pronto, sin énfasis, sin variación de tono, la voz se apagó. Louis Althusser levantó la cara muy pálida, se quitó las gafas con un gesto de fatiga. El aplauso fue tan cerrado y tan sostenido que pareció que temblaba el suelo. Desfilábamos con las cabezas bajas hacia la salida, en un rumor respetuoso, los fieles con un arrobo de recién comulgados, los más o menos escépticos o aburridos eludiendo las miradas para no comprometernos, para no delatarnos.
Más de veinte años después, leyendo las memorias de Althusser, El porvenir es largo, encontré un pasaje en el que hablaba de aquella visita a Granada. El libro entero es una confesión terrible, un testimonio de exasperación y negrura. El gran experto en Marx reconocía haber leído El capital muy superficialmente, sin comprender gran cosa, disimulando su desconocimiento con palabrería, con vaguedades dogmáticas. Lo que recordaba de Granada sobre todo era una antigua sensación de impostura que acentuaban los años, la tiniebla uniforme de la depresión. Sus tratados de marxismo yo no llegué a leerlos nunca, sobre todo por pereza. En el éxito de la prosa compacta, psicoanalítica y pedregosa de Zizek noto alguna huella de las abstracciones de Althusser, quizás un síntoma de un revival más amplio de aquel espesor marrón de los años setenta, ahora amenizado con fuegos de artificio de las redes sociales. Igual que entonces, me intriga la propensión humana a erigir santones y gurús y a encontrar sentido hasta a sus exabruptos más oscuros.
La clase política y sus estandartes
EL PAÍS, jueves 5 de marzo de 2015
Las denominaciones de los partidos tradicionales están en crisis y la significación de los emergentes, en el aire. Podemos: ¿qué es lo que podemos? Ganemos: ¿para hacer qué? Frente Nacional: ¿contra quién en particular?
Por LUIS GOYTISOLO
El concepto de clase política abarca a todo individuo convertido en profesional de la actividad política, al margen de su ideología y de su pertenencia a tal o cual clase social, así sean próximos al mundo de las finanzas o al de las organizaciones sindicales, a lo que entendemos por derechas o por izquierdas. De ahí el error de Podemos al hablar de la casta, ya que si la clase política es horizontal, toda casta es por definición vertical, la pertenencia a cualquiera de ellas se transmite de generación en generación, de forma que sus miembros lo son, como quien dice, desde el momento en que fueron engendrados. Vamos, como las castas que estructuran la sociedad en India o cualquiera de esos linajes aristocráticos que se remontan a varios siglos de antigüedad. Un concepto mucho más estricto que el de clase social, algo siempre abierto a nuevas incorporaciones.
En lo que se refiere a Podemos hay que destacar otro equívoco, éste de carácter semántico, que reside en su propia denominación, ya que la expresión podemos puede ser entendida como una voluntad o deseo, pero no como planteamiento programático o ideológico equiparable a esas otras palabras que procuran precisar los rasgos definitorios del partido político que los ha hecho suyos: liberal, socialista, conservador… Pues, ¿qué es lo que podemos? ¿De qué estamos hablando? Porque el we can de Obama se refería a su programa electoral, al programa del Partido Demócrata, a su cumplimiento en caso de ganar los comicios. Sin esa referencia previa, podemos es algo que cada cual puede interpretar a su gusto, un equívoco en el que tal vez resida su éxito.
Lo cierto, sin embargo, es que también las denominaciones de los partidos tradicionales están hoy en crisis, algo que viene sucediendo periódicamente desde el nacimiento de éstos en el curso del siglo XIX. Y las causas de tales crisis —por lo general, convulsiones político-sociales— dan pie a que el significado de tales denominaciones se vaya viendo modificado. Así, mientras que en la sociedad decimonónica ser liberal era sinónimo de progresista frente al concepto de conservador, más apegado a las tradiciones, el que hoy se proclama liberal suele ser en la práctica un ultraconservador. Y los conservadores han ido cambiando aquí y allá su antigua denominación por la de popular, en el sentido de más próximo a las convicciones del pueblo, por lo común, más apegado a lo tradicional que a lo nuevo, a lo malo conocido que a lo bueno por conocer. La excepción es Inglaterra, donde el liberal, conservador y laborista siguen manteniendo su significado original, sin que eso sea obstáculo para que también allí hayan irrumpido las siglas de nuevos movimientos político-sociales.
También es frecuente que el significado de una denominación determinada cambie de un país a otro. Este sería el caso, por ejemplo, de republicano, cuyo significado en España nada tiene que ver con el que tiene en Estados Unidos. Allí, su rígido encasillamiento en los principios constitucionales le enfrenta al demócrata, más proclive a los cambios que demanda la realidad social de sus votantes. Claro que, a su vez, esas demandas poco tienen que ver en los Estados del Sur de pasado esclavista con las de los Estados más desarrollados del Norte, más inclinados al progreso y al bienestar social.
Similares cambios en el sentido de las denominaciones se han producido y producen en todas partes. La práctica extinción del Partido Radical en Francia, por ejemplo, dado lo poco que tenía de radical, o al declive de la Democracia Cristiana en Italia, minada en su prestigio por los intrincados casos de corrupción tan ajenos a sus creencias religiosas como a sus pretensiones democráticas.
Caso cualitativamente distinto es el de las denominaciones malditas, como la que vincula al partido socialista de un país con la palabra nacional, especialmente, claro está, en el caso de Alemania. Se puede ser socialdemócrata o radical socialista, pero nunca nacionalsocialista. Tampoco la palabra comunista —salvo para pequeñas agrupaciones nostálgicas— está especialmente de moda. La razón, claro, reside en el conocimiento de lo que fueron realmente los regímenes de la Unión Soviética y demás países de la Europa del Este. La excepción es China, que ha hecho compatible tal denominación con la existencia de millones de millonarios. Algo parecido, y por las mismas razones, podría decirse de la expresión democracia popular.
Todo ello explica la proliferación de las nuevas denominaciones que caracterizan a una serie de partidos políticos emergentes cuya significación queda más o menos en el aire. Podemos: ¿qué es lo que podemos? Ganemos: ¿para hacer qué? Frente Nacional: ¿contra quién en particular? Detrás de la marca registrada y de sus siglas bien puede haber una sola persona que se ha montado un partido a fin de resolver sus problemas personales, caso de Berlusconi, por ejemplo, y de su Forza Italia, que es al mismo tiempo un eslogan deportivo. O un colectivo, poco más que un club, organizado en torno a un sólo objetivo como por ejemplo la xenofobia. O que se remite a valores más amplios que los propios de un partido político.
Caso distinto es el de Ciudadanos, que al remitirnos directamente al concepto de citoyen sugiere su aspiración a representar los intereses del ciudadano, del ciudadano a secas, al margen de los trapicheos de los diversos estratos de la clase política. Un concepto curiosamente poco utilizado, tal vez por ser anterior al de lucha de clases, proletariado y demás términos popularizados por el marxismo. Claro que si bien la Revolución Francesa aupó al ciudadano y pese al aparente liderazgo de una Marianne que a pecho descubierto enarbola la bandera tricolor, el concepto de ciudadano no incluía el de ciudadana y las mujeres tardaron lo suyo en igualar sus derechos a los de los antiguos compañeros masculinos de revolución.
La crisis de las denominaciones tradicionales de los partidos es ya un hecho irreversible por mucho que se intente reconducirlo desde dentro a partir de diversos lobbies, como el Tea Party norteamericano. Y es que los tiempos de esa especie de escala de colores que se ofrecía al votante —conservadores, liberales, radicales, socialistas, comunistas, anarquistas— pertenecen al pasado, su contenido no es aplicable a la sociedad actual. Y si subsisten algunas de ellas en tal o cual país —conservadores, populares y socialistas— es más bien a modo de referencia, de referencia respecto a un pasado que, por su carácter relativamente reciente, contenga algún valor orientativo para el eventual votante, siempre liberadas, por supuesto, de su adherencia a determinados hechos que hoy supondrían un verdadero suicidio político.
Ahora bien: el que las denominaciones tradicionales de los partidos políticos estén en crisis no se debe a que su palabra insignia esté gastada o a que el partido al que designa no haga ya honor a esa palabra, sino a que la realidad circundante es otra. El cambio está en la realidad social, no en las palabras. El fenómeno no es nuevo, pero sí distinto al de las diferentes ocasiones en que se ha producido. Hasta ahora, desde el paulatino aflorar de los diversos partidos políticos a lo largo del siglo XIX, los cambios experimentados en sus respectivas denominaciones eran más bien fruto de convulsiones sociales, de movimientos revolucionarios con frecuencia de signo contrapuesto. Ahora, en cambio, la situación recuerda más bien a la que describe Tocqueville respecto a la sociedad inmediatamente anterior a dichas convulsiones sociales.
“Al no estar los hombres ligados entre sí por ningún lazo de casta, de clase, de corporación ni de familia, se sienten demasiado inclinados a no preocuparse más que de sus intereses particulares, demasiado propensos a no mirar más que por sí mismos y replegarse en un individualismo estrecho en el que toda virtud pública está sofocada”.
Hoy, similarmente, la realidad social parece haberse licuado, dejando las palabras flotar a la deriva. ¿Qué se ha hecho de las masas? ¿Y del pueblo? ¿Y de la clase obrera o proletariado? Hoy, lo propio, es hablar de empleados o trabajadores, por un lado, y de inversores, financieros y grandes fortunas, por otro. Hasta las guerras actuales entre misteriosas milicias no son sino un elemento más de ese panorama de conceptos a la deriva. Un panorama licuado en el que las redes sociales juegan un papel fundamental. Más que el significado de las cosas lo que cuenta es su imagen, su representación visual. Lo que importa, por ejemplo, no es la capacidad de convocar masas sino la imagen de esas masas convocadas con mayor o menor éxito. La foto.
Gente será, mas gente empoderada
Podemos lograr dar cauce a la indignación e infundir la ilusión imprescindible en un proceso de cambio. Dos libros, uno de conversaciones con Pablo Iglesias y otro de Juan Carlos Monedero, descubren las claves.
Santos Juliá
El País 26/07/2014 13
EN SU CURSO URGENTE DE POLÍTICA, Juan Carlos Monedero se detiene ante uno de los desastres de Goya y en una pirueta audaz traslada su mirada a todas las esquinas del planeta para dibujar, con gesto de pantocrátor a punto de dictar el juicio final, sentados a la derecha, a los globalizadores, los flexibilizadores, los desreguladores, los comerciantes de agua, los vendedores de armas, los turistas sexuales, las empresas transnacionales, los chantajistas de la deuda. Y a la izquierda, los globalizados, los que reclaman su identidad, los hambrientos reducidos a piratas o terroristas, los que pasan sed, los desplazados, los desahuciados… la gente decente.
La gente, tal es el nombre del nuevo sujeto político que llena con su presencia dos conversaciones mantenidas por Jacobo Rivero con Pablo Iglesias. Aunque, bien mirado, esto no es conversar, esto es plantear una serie de preguntas bien ordenadas para que el líder de Podemos se explaye a gusto, sin jamás ser repreguntado, sin que su entrevistador le ponga nunca en dificultades ni insinúe la más mínima objeción a sus relatos. Y si las preguntas están preparadas con esmero, y con un excelente aparato de citas y referencias, las respuestas dan la impresión de haber sido revisadas antes de darlas a la imprenta. Estamos, pues, ante el auténtico pensamiento del primer responsable del fenómeno político más resonante de los últimos años: Podemos.
“Podemos es la gente, no soy solo yo”, admite su líder, un yo que ha captado como nadie la ventana de oportunidad abierta por la gente al salir a la calle y encontrarse en las plazas. La Puerta del Sol de Madrid, espacio de poder que durante el siglo XIX y hasta 1931 presenció tantas veces al pueblo en revolución, fue en esta ocasión lugar de acampada de la gente que se identificaba no tanto por lo que pretendía, como por aquello contra lo que se sentía indignada. Un sentimiento suficiente para construir un nuevo sujeto colectivo capaz de alzarse como un “nosotros” al tiempo que manifiesta su indignación contra “ellos”. No nos representan, dicho desde una plaza llena de gente acampada señala una presencia y marca una ausencia, la de alguien a quien con su voto eligieron pero que ya, ahora, nada representa.
El primer acierto de Podemos fue dar nombre a ellos: la casta. Si, mientras estuvo acampada, la gente no supo más que mostrar su indignación, una vez nombrado el sujeto que les había impulsado a salir a la calle, solo faltaba que un grupo de lo que Iglesias llama buenos comunicadores, expertos en el uso de la Red, bien dotados para la “presencia mediática”, construyera una visión del mundo en la que la gente, convertida en comunidad, pudiera sacar la consecuencia de que si ellos están en el poder es sólo porque nosotros los pusimos, y que ahora, que ya no nos representan, podemos echarlos, por mangantes, por corruptos, por vividores, porque al traicionar el mandato de representación se han convertido en escoria. Dar cauce a la indignación transformándola en “empoderamiento” tras infundir en los reunidos la ilusión, “ingrediente imprescindible” en un proceso de cambio político, eso es Podemos.
De ahí la cuidadosa reconstrucción del mundo como una serie de dicotomías: gente contra casta se reduplica en nueva política contra viejos políticos, sentido común contra ideología, espacios de decisión frente a lógica de partidos, país real frente a país de élites, democracia contra oligarquía, mayoría social contra minoría de privilegiados. Hasta aquí, puede sonar a ya visto, sobre todo en España, donde hace nada menos que un siglo, en marzo de 1914, un joven de treinta años llamado José Ortega convocó a la gente nueva con el encomiable propósito de acabar con la vieja política. Los discursos no son tan diferentes como las personalidades de sus emisores haría sospechar: también una España oficial y un régimen corrupto, también unos partidos —dos— que no les representaban, también una llamada a la acción: si se superpone la conferencia pronunciada por Ortega en el teatro de la Comedia con el texto de esta conversación de Iglesias producido cien años después, sorprenderá hasta qué punto los relatos se confunden y los marcos de interpretación de la realidad se repiten.
Con una diferencia: los líderes de Podemos, como Iglesias se encarga de recalcar, son políticos, no intelectuales. Por supuesto, han leído lo suficiente como para destilar una serie de ideas (que suenan livianas, a mero ejercicio literario en Monedero: la patria es como el barco que nos lleva desde la eternidad pasada a la eternidad futura, escribe) con el evidente propósito de trasmitirlas a la gente en todos los medios de comunicación posibles: la lucha por la hegemonía, de Gramsci; la razón y la mística del populismo, de Laclau; algo de Lenin y mucho de Carl Schmitt, por quien sienten ambos un gran respeto no exento de fascinación. Pero todo esto es puramente instrumental. Lo que importa, lo que les diferencia radicalmente del Ortega de Vieja y nueva política es que, además de denunciar al poder, trabajan por alcanzarlo y cuentan con la experiencia de haber servido como asesores a líderes poderosos sostenidos en movimientos populistas. Tal vez por eso, los correlatos negativos del voto y del capitalismo brillan por su ausencia. Del voto, porque no ven otra forma de llegar al poder; del capitalismo, porque el socialismo realmente existente, o sea el comunismo en la URSS, “no era bonito” o, peor aún, “era muy feo” y, más todavía, “era horrible”, como dice Iglesias en un alarde de elaboración teórica al servicio de la práctica.
No, Podemos no es una nueva izquierda anticapitalista, ni propone una nueva versión incontaminada de socialismo o comunismo. Nada de eso. El programa de Iglesias consiste en empoderar a la gente. Lo que quiera decir con este gran designio en términos de organización y estrategia no queda claro ni el entrevistador hace nada por aclararlo. Como Iglesias repite una y otra vez: cada cosa a su tiempo, y ahora, organización, estrategia y metas finales no toca. Ahora lo que toca es multiplicar espacios de debate y decisión, “espacios de empoderamiento”, los círculos, que, de momento, ya han mostrado su poder enviando cinco diputados al Parlamento Europeo y votando la lista cerrada y bloqueada presentada, para preparar su primera asamblea, por sus “atractores sociales”, esos líderes amables “que gozan de mucho reconocimiento y que son capaces de lograr que cada cual baje su bandera para que se vea la bandera compartida”, como escribe Monedero, tan literato siempre. Luego, cuando la gente se sienta ya empoderada y comparta una sola bandera, será el momento de lanzar un proceso constituyente que arramble con la vieja política, sus instituciones y sus actores. Para poner ¿qué? Ah, eso, ahora, no toca.
A quien ya haya visto muchas banderas arriadas ante la única bandera compartida, al terminar este curso y al finalizar esta conversación, lo primero que se le ocurre es que nunca han perdurado los sóviets sin vanguardias ni los pueblos sin caudillos. Es cierto que gente no es clase obrera ni pueblo. Gente es otra cosa; es un nuevo sujeto colectivo, al que, si mantiene el espíritu de comunidad ilusionada y se empodera, pertenece el futuro. “El mañana es nuestro”, concluyó Iglesias en su primera soflama en el Parlamento Europeo. Y no es posible, al oírlo, que no venga a la memoria el recuerdo de aquel hermoso muchacho alemán, de pie sobre una mesa, cantando transido de emoción Tomorrow belongs to me.
¿Es importante la abdicación del Rey?
Francesc de Carreras
EL PAIS 10 de junio de 2014
La Corona tiene amplias facultades relacionales, imprecisas pero efectivas. El reto de Felipe VI es ganarse la ‘auctoritas’, que no es tener poder, sino suscitar confianza como la que obtuvo Juan Carlos I
En los últimos tiempos, muchos opinaban que el rey Juan Carlos debía retirarse y dar paso a su hijo. Tras la abdicación, otros, quizá los mismos, o bien consideran que debe celebrarse un referéndum sobre la alternativa Monarquía / República como forma de Estado, o bien sostienen que el futuro Felipe VI debe ser capaz de solucionar todos los problemas de nuestro país. Antes de que nos machaquen el cerebro con tan geniales ideas quizá deberíamos aclarar otras más fundamentales. Veamos.
En España la Monarquía no es una forma de Estado. Tal como dice el artículo 1 de la Constitución (CE) “España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho”: ésta es nuestra forma de Estado. Las formas de Estado se determinan por dos factores: quién es el titular originario del poder —quién es el sujeto de la soberanía— y cuál es el modo de ejercerlo. En nuestra Constitución el titular de la soberanía es el pueblo español —el poder constituyente— y el poder se ejerce de acuerdo con los principios del Estado de derecho, establecidos en el artículo 9 CE, y desarrollados en el resto de la Constitución y del ordenamiento jurídico.
En otras épocas la Monarquía fue una forma de Estado, ya que el rey o bien era el sujeto único de la soberanía —en el Estado absoluto—, o bien compartía esta soberanía con el Parlamento. Esto último sucedía en las monarquías constitucionales del liberalismo moderado europeo, entre ellas las nuestras. En estos supuestos, República y Monarquía eran términos opuestos: la primera era democrática y la segunda, no. La proclamación de la República el 14 de abril de 1931 significó el triunfo de la democracia en España porque la Monarquía no era democrática.
Sin embargo, la Monarquía parlamentaria como “forma política” de Estado, según la define en España el artículo 1.3 CE, es algo muy distinto. No es una forma de Estado, sino de Gobierno. Para configurarla debemos combinar tres componentes: los poderes del rey, sus funciones y el contexto institucional en el que opera.
Vayamos a lo primero: los poderes. El rey (o reina), titular de la Corona, un órgano constitucional, ejerce de jefe del Estado con una característica esencial: no tiene poderes políticos sustantivos, sino sólo poderes formales, es decir, no puede imponer su voluntad a nadie, con lo cual, en lógica correspondencia, de sus actos políticos son responsables quienes los refrendan, en general, el presidente del Gobierno. Por tanto, la Corona no tiene Poder Legislativo, ni Poder Ejecutivo, ni Poder Judicial, es decir, no puede dictar ni leyes, ni reglamentos, ni actos administrativos ni sentencias. En un Estado de derecho esto implica no tener poder.
Ahora bien, en segundo lugar, como jefe del Estado, además de estos poderes formales sin contenido sustancial, el Rey ejerce también funciones relacionales de un mayor calado. Por un lado, según el artículo 56.1 CE, es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado: de ahí derivan sus facultades de relación con otros Estados de la comunidad internacional. Cuando una autoridad de otro país habla con el Rey está tratando con la más alta representación permanente del Estado español, no con un gobernante cuyo mandato es circunstancial, pues deriva de unas elecciones.
Por otro lado, ejerce también la muy importante función interna de reinar: “el rey no gobierna, pero reina”, solía decir el profesor Jiménez de Parga, matizando significativamente la conocida frase de “el rey reina, pero no gobierna”. Reinar es, pues, importante: consiste en ejercer la función arbitral y moderadora en el funcionamiento regular de las instituciones que al Rey le asigna el artículo 56.1, dado que es el único órgano constitucional que puede ejercer tal función debido a su posición neutral, no dependiente de elecciones ni de partidos.
Pero ¿qué significa arbitrar y moderar? El británico Bagehot, en la segunda mitad del siglo XIX, decía que significa “advertir, animar y ser consultado” por los representantes de las demás instituciones. Tomás y Valiente puso al día esta fórmula clásica refiriéndose a la actual Corona española: “El Rey, en el ejercicio de su función arbitral, puede (…) escuchar, consultar, informarse; puede, después, recomendar, sugerir, instar, aconsejar, moderar. No puede decidir por sí solo [pero sí conjugar éstos y otros verbos] con discreción y prudencia”. Por tanto, junto a poderes simplemente formales, la Corona tiene también importantes facultades relacionales imprecisas, pero efectivas.
Vistos estos poderes y funciones, analicemos, en tercer lugar, la posición de la Corona en el contexto de nuestra forma de gobierno parlamentaria. Tal forma de gobierno se define por dos características: primera, una relación de confianza entre el Parlamento y el Gobierno; segunda, la responsabilidad política del Gobierno ante el Parlamento. Veamos ambas.
Por un lado, los ciudadanos eligen mediante sufragio a los diputados del Congreso que, por mayoría, designan a un presidente del Gobierno, el cual escoge su Consejo de Ministros. Por otro lado, este presidente es políticamente responsable ante quienes le han elegido y, en consecuencia, los diputados, por mayoría, pueden destituirlo. Lo relevante, a nuestros efectos, es que el Rey no interfiere para nada en estos procesos: los protagonistas son los ciudadanos que votan, los diputados que eligen o destituyen al presidente y éste que designa al Gobierno. El Rey se limita a ejercer actos formales sin condicionar su contenido.
Llegamos, por tanto, a la conclusión. ¿Qué es nuestra Monarquía parlamentaria? Una forma de gobierno parlamentaria, como podría ser una República, con una Jefatura del Estado monárquica. Es decir, un Gobierno elegido indirectamente por los ciudadanos y un Rey que, en cambio, accede al cargo de forma mecánica por sucesión hereditaria. La combinación de ambos elementos no sería democrática si el Rey tuviera poderes. Pero como no es así, la fórmula resultante es perfectamente democrática: el poder sólo reside en el pueblo.
¿Cuál es la diferencia entre una República democrática y una Monarquía democrática? Que en la República el jefe del Estado es elegido —directa o indirectamente— por el pueblo: en unos Estados tiene muchos poderes, como es el caso de los sistemas presidenciales (por ejemplo, EE UU), en otros algo menos (como en Francia), en unos terceros apenas nada (como en Italia o Alemania). En las monarquías parlamentarias el jefe del Estado no es elegido por el pueblo, pero no tiene poderes. Por ello nuestra Monarquía parlamentaria no es menos democrática que una República con el mismo carácter. Como también son democráticas las monarquías sueca, danesa, noruega o británica. Se puede desear que España se convierta en República, pero no en nombre de la democracia: la Monarquía parlamentaria ya es democrática.
De este extenso planteamiento deducimos con facilidad la incógnita que plantea el interrogante del título: ¿Es importante la abdicación del Rey? No hay una respuesta taxativa. Por un lado, al carecer de poderes políticos, al nuevo Rey no se le puede pedir que resuelva él solo los arduos problemas del presente que son responsabilidad de las instituciones políticas y de los partidos que las dirigen. Pero, por otro lado, el Rey ejerce en nuestro sistema constitucional amplias funciones relacionales y de su autoridad —de su auctoritas, ese viejo concepto romano— dependerá un ejercicio eficaz de las mismas.
Éste será el primer reto de Felipe VI: ganarse la auctoritas, que no es tener poder, sino suscitar confianza. Juan Carlos I la obtuvo impulsando la democracia en la Transición, derrotando a los golpistas y actuando después de acuerdo con la Constitución. El todavía príncipe Felipe se encuentra en circunstancias muy distintas, menos épicas aunque también complicadas. En los próximos meses debe demostrarnos que es capaz de navegar con discreción entre los escollos mediante las sutiles funciones que tiene asignadas.
Francesc de Carreras es profesor de Derecho Constitucional y autor del libro Paciencia e independencia, publicado recientemente.
Monarquía o república
JULIÁN CASANOVA
EL PAÍS – 7 abril 2013
No resulta fácil ofrecer una visión general de la sociedad española, de esta larga crisis, de los límites de la democracia y de la decadencia del sistema de representación política. Parecemos un país moribundo, con menos riqueza y poder de lo que presumíamos, con corrupción y mala administración, sin instituciones en las que confiar. Como si de una vieja historia se tratara, repetida ya otras veces a lo largo del siglo XX, hemos pasado del triunfalismo al desengaño. Mucha gente vomita cabreo, decepción, incluso protesta. Pero frente a los diagnósticos catastrofistas y el pesimismo sobre el futuro, no aparecen soluciones, más allá de ese término en boca de muchos, regeneración, poco original en un país que ya intentó varias. ¿Está el sistema agotado? ¿Necesitamos un cambio de régimen?
Lo primero que hay que decir es que, desde arriba, hay muy poca voluntad de emprender el camino del cambio. Los políticos forman partidos de notables y clientelas, que repiten los mismos nombres y vicios adquiridos y solo movilizan a la opinión pública en tiempos de elecciones. Y desde abajo, pese a lo mucho que podemos gritar o escandalizarnos, y al tono de condena moral presente en muchas declaraciones, hemos aceptado con bastante conformidad, y hasta deferencia, la trama de intereses, corruptelas y negocios privados que, desde la política local al Parlamento, se ha tejido en varios lustros de bonanza económica. Por arriba y por abajo, el espacio para la acción política alternativa, de oposición, es ahora, como consecuencia también de años de inmovilismo y apatía, escaso, casi inexistente.
La derecha en el poder, amparada por una amplia red de medios de comunicación afines, va a mover pocas fichas, porque sabe que el problema lo tiene la izquierda, donde cunde el desaliento, fragmentada, sin liderazgo y a la que puede echar sobre sus espaldas el origen de la crisis, las expresiones de disidencia y la radicalización de la movilización social en la calle —desde el 15-M al escrache—. Y aunque esas acusaciones sean falsas, es indiscutible que la izquierda parlamentaria tiene hoy serios problemas para representar el descontento popular y plantar cara al acoso y derribo del Estado de bienestar.
Nadie parece dispuesto a renunciar a sus prerrogativas. La política institucional está en crisis y para regenerarla ya no se puede contar con el concurso de la Corona. Desde la muerte de Franco, y sobre todo a partir del fallido golpe de Estado de febrero de 1981, a muchos les dio por presumir de Rey, protegerlo frente a las críticas y el debate público, para preservar lo conseguido y cambiar el pobre bagaje democrático que la historia de la Monarquía borbónica podía exhibir antes de 1931. Para ello se ocultó, rompiéndolo, el cordón umbilical que unía a don Juan Carlos con la dictadura de Franco, de donde procedía en ese momento su única legitimidad, y se estigmatizó a la República, ya liquidada por las armas y la represión, como la causante de todos los conflictos y enfrentamientos que llevaron a la Guerra Civil. No puede negarse el éxito de esa operación de lavado del pasado, capaz de sobrevivir, sin grandes cambios, hasta en los libros de texto, durante más de tres décadas de democracia.
Al mismo tiempo, una buena parte de la clase política trató de borrar los recuerdos más incómodos de la dictadura de Franco y cuando, ya en el siglo XXI, el Estado puso en marcha, aunque con mucha timidez, políticas públicas de memoria, recordar el pasado para aprender, y no para castigar o condenar, una parte importante de la sociedad reaccionó en contra. No resulta extraño escuchar a los políticos del PP afirmar que la Segunda República fue un desastre, reproducir en ese tema las ideas de los vencedores de la guerra civil y de los voceros neofranquistas, falsear la historia a gusto de la Iglesia, la Monarquía y las buenas gentes de orden.
La crisis actual, los escándalos en torno a la Casa del Rey, graves para la buena salud de la democracia, al margen de cómo acabe la imputación de la infanta Cristina, y la falta de transparencia y de respuesta ante ellos van a marcar, no obstante, un punto de inflexión para la legitimidad de la Monarquía. El cambio en España tiene que ir acompañado de una renovación cultural y educativa, de nuevas ideas sobre el mundo del trabajo y de una lucha por la democratización de las instituciones. Un movimiento político que reaccione frente a los excesos del poder, que persiga el establecimiento de un Estado laico, que recupere el compromiso de mantener los servicios sociales y la distribución de forma más equitativa de la riqueza. Esa nueva cultura cívica y participativa puede, y debe, alejarse del marco institucional monárquico y retomar la mejor tradición del ideal republicano. Hacer política sin oligarcas ni corruptos, recuperar el interés por la gestión de los recursos comunes y por los asuntos públicos. En eso consiste la república.
Maquiavelo, nuestro contemporáneo
Fernando Vallespín
EL PAÍS, 3 MAR 2013
Hace 500 años, en el otoño-invierno de 1513, un apesadumbrado Maquiavelo, exiliado en su finca de Sant’Andrea tras la caída de la república florentina, consiguió escribir lo que acabaría siendo uno de los más grandes libros de la historia de la teoría política, El príncipe. Era un pequeño tratado de no más de 30.000 palabras en el que se hablaba de los diferentes tipos de principados y de los atributos que deben acompañar a los hombres de Estado. A los ojos de hoy, tanto el estilo como la continua sucesión de ejemplos históricos no ofrecen una lectura fácil. Esto contrasta, sin embargo, con la vigencia que desde entonces siguen teniendo sus principales mensajes. Ya se sabe, un clásico es un autor del pasado con el que dialogamos como si fuese un contemporáneo, alguien que sigue presente entre nosotros a pesar de la distancia temporal que se abre entre su tiempo y el nuestro. Seguramente porque todavía tiene algo que decirnos y sigue siendo escuchado cuando abordamos ciertos temas o nos adentramos en algunos problemas o discusiones.
Las cuestiones centrales del libro giran todas en torno al poder. Es un perfecto manual de las técnicas de poder, y de cómo toda acción política debe ser evaluada en función de su capacidad para obtenerlo y mantenerlo, no de su ajuste más o menos cabal a los imperativos de la moralidad. Lo que importa es el éxito a la hora de buscar este objetivo, y aquel condiciona la naturaleza de los medios que sean necesarios para alcanzarlo. “El que quiere el fin debe querer los medios”, que diría Nietzsche. Y los medios que se requieren para el sustento y la protección del Estado —o la conservación del poder por parte del príncipe— no siempre se prestan a los dictados de la acción moral. Es más, si un gobernante no está dispuesto a renunciar a la moral cuando las circunstancias así lo exijan, más vale que se dedique a otra cosa. “Un príncipe que quiera mantenerse como tal debe aprender a no ser necesariamente bueno, y usar esto o no según lo precise”. Vicio y virtud serían así categorías de la moral, no de la política. Porque la política exige mancharse las manos, es irreconciliable con una visión de la realidad en la que la acción moral siempre nos ofrece una alternativa a lo que se impone como necesario, que haya algo así como una armonía entre principios éticos y las consecuencias específicas derivadas de aplicarlos.
A la vista de esto, no es de extrañar que Maquiavelo fuera visto desde siempre como el “maestro del mal” (L.Strauss), como un a-moralista a quien había que combatir por todos los medios. El cardenal Pole llegó incluso a decir que su libro había sido escrito “por la mano de Satanás”. Otros lo absuelven, porque en sus Discursos, el tratado sobre las repúblicas que comenzara a escribir en ese mismo año de 1513, cambia de perspectiva y traslada el fin de la acción política desde la conservación del poder del príncipe al vivere civile y libero republicano, y subraya la necesidad del apoyo del pueblo como fundamento de la fuerza del gobernante. Aunque, todo sea dicho, con ello no cambia lo más sustancial de su enfoque. La razón de Estado sigue presente —si está en peligro la patria deja de constreñirnos la moral y el derecho—, y, sobre todo, sigue manteniendo que la política, aun bajo condiciones republicanas, no nos enfrenta a un mundo reconciliado. La maldad del hombre es inextricable —“un hombre olvida antes la muerte de su padre que la pérdida de su patrimonio”— y nunca podremos liberarnos del engaño y la mentira como medios fundamentales de la acción política.
Maquiavelo nos ofrece, en efecto, una política exenta de moralina, que diría Nietzsche, y ha pasado a la historia, como el primer realista político. Nadie supo distinguir con tanta nitidez la distancia que se abre entre cómo funciona de hecho la política y cómo nos gustaría que lo hiciera. Su mensaje no puede ser más meridiano, la política siempre es estratégica, siempre ha de vérselas con actores que tratan de maximizar sus intereses con todos los medios a su alcance, y ninguno de ellos hace aspavientos a los instrumentos que sean necesarios para alcanzarlos. Es preciso observar, sin embargo, que al presentarnos este dato fundamental de lo político, nuestro autor contribuye a desvelarnos la naturaleza profunda del poder, desprovista ya de mitos e ideologías legitimadoras, su rostro desnudo. Y, como ya observaba Gramsci, esto es lo que nos permite actuar para eludir sus peores consecuencias y buscar “otra política”.
La constatación de que Maquiavelo en eso tiene razón es, en definitiva, lo que nos ha llevado a diseñar todos los diques posibles para evitar que la razón de Estado o la persecución del interés propio, tanto por parte de los gobernantes como de los grupos de interés, traspase ciertos límites. Esa ha sido la labor tradicional de la democracia y de las instituciones del Estado de derecho. Hoy, junto con la exigencia de ética pública, funcionan como algunos de los condicionantes externos de la acción política. Exactamente igual que eso que teorizaba en su libro cuando se refería a la necessitá o la fortuna.
La virtú del gobernante no solo consiste en saber operar bajo esos condicionantes, sino en tener conciencia también de cuál es la qualità de’ tempi, las peculiaridades de cada contexto y el estilo de gobierno que encaja con ellas. En este sentido, la política de los drones de Obama sería más maquiavélica que la de Guantánamo o de las empresas bélicas de Bush. En ambos casos, el fin, la seguridad, condiciona los medios, pero una es mucho más aceptable para la moralidad pública de un país como Estados Unidos que otra y, por tanto, más eficaz. El fin se impone a pesar de su inmoralidad, pero unos son más digeribles para las “circunstancias del tiempo” que otros. Como se ve, lo importante es el éxito de la acción, no su adecuación a principios. O, desde otra perspectiva y por quedarnos en nuestro país, las nuevas medidas dirigidas a evitar la corrupción, que son una respuesta a la tendencia de un sector de la clase política a perseguir sus propios intereses a expensas del interés público, responden a una clara presión ciudadana para imponer un nuevo dique a los políticos. Maquiavelo diría que lo hacen más por ser reelegidos que porque crean en ellos, pero lo que importa a la postre es que existan y constriñan su acción.
Sea como fuere, el mensaje fundamental de Maquiavelo es que el punto de partida de lo político debe ser siempre la necesidad de atender a las consecuencias de las decisiones políticas, una variante, mucho más cruda, de la ética de la responsabilidad weberiana. El problema estriba en que —sin caer en el hipermoralismo— seamos capaces de escoger los medios, que aun permitiéndonos la consecución de un fin concreto, no atenten contra lo que deben ser los objetivos fundamentales de nuestra vida en común y dotan de identidad y sentido a la vida democrática, el vivere civile e libero adecuado a nuestra época. Es algo que no podemos ignorar en estos momentos en los que casi todo vale con tal de salir de la crisis económica, el fin hipostasiado, o en el que los presupuestos básicos de la ética pública aparecen hechos jirones. Puede que el mal no pueda ser erradicado de la política, pero lo que está claro es que el mejor antídoto contra el burdo maquiavelismo es una ciudadanía vigilante con capacidad para la reflexión y la crítica. No podemos olvidar que, como decía el profesor Del Águila, uno de nuestros mayores expertos sobre Maquiavelo, al final “somos nosotros quienes trazamos la línea de lo intolerable”.
Segunda transición – Rafael Poch
18/10/2012
Los tres grandes temas de la agenda española, social, histórico y territorial, no son incompatibles sino complementarios. Padecemos la misma enfermedad que Europa, pero en una dosis más concentrada.
España se formó como estado moderno en condiciones de ausencia de libertad. Los pocos periodos de libertad que tuvimos fueron breves, se echaron a perder y fueron sucedidos por los “grandes retrocesos” que, en palabras de Ramón Carande, caracterizan a nuestra historia nacional. Los últimos 37 años han permitido por primera vez “respirar” al cuerpo social español. Por eso la España de 1978 ya no existe, precisamente porque recibió oxígeno y lo utilizó para desarrollarse y evolucionar. Y por eso la España real de ahora exige profundas reformas. Una segunda transición, como se ha dicho.
Ya no es viable un nacionalismo español que se entienda como antagónico hacia los otros nacionalismos que el país contiene. En 1978 ese antagonismo se resolvió con el disimulo autonómico del “café para todos”. Pero hoy el país se ha liberado de algunos de los factores “disuasorios” que determinaron aquel consenso, entre ellos el miedo a una reacción militar consagrada en el artículo octavo de la Constitución. Por eso es imperativo dejar de aferrarse a aquel consenso, basado en la antigua España de 1978, para impedir un debate de tipo federal y abrirse a ello ¿Está dispuesto el nacionalismo español? Pascual Maragall, seguramente el político catalanista más abierto y universalista, intentó abrir ese debate pero chocó con la oposición del propio PSOE entonces gobernante ¿Será el PP capaz de hacer lo que el PSOE negó?
Pero el tema nacional es sólo uno entre los temas de la agenda de esa “segunda transición”. Está el tema de la historia, es decir de la justicia hacia el holocausto español de los años treinta y cuarenta, lo que se conoce como “memoria histórica”, y está la idea de una amplia regeneración democrática surgida en el 15-M, que incluya una política anticrisis razonable y desmarcada de la actual estafa social.
Por desgracia no se ven grandes posibilidades, ni disposición ni capacidad institucional favorable, para un proceso así. A menos que el terreno de juego sea dinamizado por algún tipo de potente “revolución civil de terciopelo” desde abajo, escenario que no puede descartarse en absoluto en la actual Europa y particularmente en España, que es el eslabón más débil y vulnerable de la crisis europea.
El debate separatista, irredentista, independentista, soberanista, como se quiera llamar, catalán, es completamente legítimo desde el punto de vista de la historia. Tan legítimo es hablar de la España de los 500 años, como de la Catalunya del milenio, con su lengua y tradición cultural diferenciada e incluso anterior a la española-castellana. Históricamente el sentimiento catalán hacia España ha conocido de todo; desde una profunda hostilidad y una alianza antiespañola con el rey de Francia en el XVII, hasta el exacerbado patriotismo español de la Catalunya próspera de finales del XVIII. Lo que hay que comprender es que el actual irredentismo catalán es un hijo de la libertad de los últimos treinta años.
A diferencia del catalanismo de los años setenta, que era pura sociedad civil, el actual incluye factores institucionales que hoy están en manos de una clase política muy desacreditada. Está también mediatizado por el filtro de toda una generación educada en cierto espíritu pujolista provinciano, y también por los intereses electorales cortoplacistas del partido neoliberal y catalanista que gobierna Catalunya. Pero con todos esos defectos, ese catalanismo es un hijo completamente legítimo de la libertad, de la rara libertad española de los últimos 37 años. Siempre que Catalunya ha tenido un poco de esa breve libertad ha asomado ese impulso que tanto desagrada a algunos en España.
Hay que comprender que la historia es una obra en construcción, que los amores y desamores de una sociedad son cambiantes, y que en un matrimonio libre y moderno – aunque tenga hijos y un abultado patrimonio común- se incluye el derecho al divorcio. Ese derecho es válido incluso si una clase política desprestigiada como la catalana, no menos corrupta e inepta que la española, intenta utilizarlo como sustituto y alternativa a la posibilidad de una marea civil de terciopelo que reclame un orden social menos injusto y más decente.
Así, la segunda transición no solo representa retos para el nacionalismo español, sino también para el catalán. Si la primera transición expresó nuestro nivel como país y sociedad, con la segunda pasará lo mismo: obtendremos aquello que seamos capaces de pelear, negociar y consensuar.
Los tres grandes temas de la agenda de la segunda transición (social, histórico y territorial) no son incompatibles sino complementarios, pero sus adversarios, en Catalunya y en España, intentarán enfrentar a unos contra otros. Su objetivo sería que en lugar de debatir la ley electoral, la memoria histórica, el referéndum sobre la deuda, las responsabilidades por el ladrillo, los pufos de la banca, la corrupción política, el paro y los desahucios, junto a las mayores ansias soberanistas de Catalunya, Euskadi, Galicia y los que se puedan apuntar, se invite a la gente a una pelea identitaria bajo diversas banderas. Eso canaliza los malos humores sociales hacia un callejón sin salida muy a la conveniencia de la oligarquía internacional que gobierna la crisis europea.
Lo peor que se puede hacer ante los independentismos es precisamente lo que tiene más posibilidades de ocurrir: que se insulte, descalifique o deslegitimice el deseo de cambios de la población, expresado en elecciones, resoluciones parlamentarias y presiones cívicas mayoritarias. Nada será más contraproducente que la amenaza porque alimentará la pelea. Si eso ocurre asistiremos a un divorcio desagradable, porque la posibilidad de meternos en un improductivo charco de mutuo desgaste de la mano de nuestra fallida clase política hispano-catalana, es muy grande.
España es un país que puede permitirse ciertos márgenes de demagogia identitaria en su periferia. Lo que es letal para su integridad es ese mismo discurso y actitud en su matriz castellano-española. La situación no es comparable en muchos aspectos, pero la URSS se murió, no a causa de Lituania o Georgia, sino cuando su matriz rusa se apuntó a la disolución afirmando un discurso nacional ruso. Tal como se están poniendo las cosas en Europa, pronto al gobierno del PP no le quedará más recurso “macho” que exhibir que la defensa nacionalista española del centro contra la periferia. Por eso, cualquier reinvención de España en dirección a una mayor democracia, equidad y federalismo precisa un fuerte vector popular desde abajo. Sin ese movimiento, tendremos una doble quiebra. Quiebra social y quiebra nacional. España padece la misma enfermedad que la Unión Europea, aunque en una dosis más concentrada.
La lucha final de la burguesía catalana
José Luis Álvarez
EL PAIS 21 AGO 2012
CiU ha acelerado el ritmo de su larga marcha hacia la independencia. Ha transitado en pocos años del híbrido pujolista queja-colaboración al català emprenyat; de reclamar la integridad del Estatut a, olvidándolo, demandar la “caja y la llave” de una hacienda propia, a la Vasca, so pena de independentismo, sobre el que algunas encuestas reflejen el interesantísimo fenómeno de que obtiene más apoyo que el electoral de los partidos nacionalistas sumados.
Los problemas de Cataluña son graves. El déficit fiscal es real. Es inaceptable que la cuota de solidaridad de Cataluña con otras autonomías rebaje su posición en el ranking de riqueza autonómico. Pero, en política, cualquier acción, como la reclamación de pacto fiscal, se lleva a cabo por más de un motivo, intenta ser solución a más de un problema. Esta escalada es, principalmente, el intento de asegurar una dinámica soberanista irreversible, en una tesitura de fragilidad del estado español. CiU consigue, además, dos objetivos añadidos: no ser perjudicada en sus expectativas electorales por la crisis, cuya culpa ha externalizado al gobierno central y, que, cual PP valenciano, no le afecte el goteo de datos sobre su financiación irregular y casos de corrupción.
Si el catalanismo se permite este crescendo reivindicativo es porque ha dejado atrás su gran peligro histórico: que las clases trabajadoras, de cultura mayoritariamente no catalana, se opusiesen a su proyecto. Esta amenaza era acuciante porque CiU ha sido incapaz de ampliar su espacio electoral más allá de la clase alta y clases medias de origen catalán, nunca ha superado el porcentaje demográfico de éstas, poco más del 30% de la población. El catalanismo es la plataforma de hegemonía de la burguesía de origen catalán, y CiU es su partido.
Las tácticas que CiU ha elegido para mantener la iniciativa y hegemonía políticas, sin una demografía mayoritaria ni dominio electoral estable, para conseguir la máxima activación de sus bases y la máxima pasividad, cuando no subordinación, de su oposición, son una gran lección política.
Dos han sido sus tácticas principales. La primera resulta de la decisión más importante sobre todo gran cambio político: el ritmo de avance. J. Pujol escogió en su día el incrementalismo, basado en el reconocimiento que cambios sustanciales sólo suceden por sorpresa, porque, si son anunciados de inicio, el status quo desplegará tal resistencia que devendrán imposibles. En una “larga marcha”, como la de CiU, el avance es lento e irregular, pero irreversible; la perseverancia más necesaria que el coraje; los rumbos de navegación más aproximados que exactos; y la ambigüedad sobre el objetivo final esencial. CiU ha querido siempre la independencia pero sólo lo puede desvelar ahora, cuando el catalanismo está en aquel momento –que a Mao Zedong tanto interesó conceptualizar– en que avances incrementales se transmutan en cambios rupturistas. Es la ocasión del gran salto adelante.
La segunda táctica ha sido priorizar los avances culturales. La lengua catalana y sus instrumentos de consolidación –el sistema educativo y la televisión pública– son tan importantes que A. Mas repetidamente utiliza la expresión “líneas rojas” para referirse a su blindaje. El catalanismo, como si siguiera a A. Gramsci, escogió el pausado ritmo evolutivo para dar tiempo a la hegemonía cultural como fase previa al dominio político.
Las tácticas de un partido como CiU no son suficientes para explicar dinámicas políticas compuestas de secuencias acción-reacción-contra reacción. Salvo cierta resistencia pasiva de la burocracia central en la negociación de transferencias, no ha habido grandes reacciones por parte de los partidos españoles a las reivindicaciones incesantes del catalanismo. Si el miedo a los inmigrantes de otras partes de España explica las tácticas de CiU, otro temor explica la pasividad de los partidos españoles. Éste tomó cuerpo el 30 de Mayo de 1984, cuando una airada manifestación catalanista protestó la imputación de J. Pujol por el affaire Banca Catalana. Aquel día PSOE y PP cogieron miedo al catalanismo y su capacidad de movilización. No se podían permitir otro problema nacionalista a añadir al vasco, entonces con ETA en su zenit. Este miedo, más los incentivos de formación de mayorías en las Cortes, explican la no resistencia de PP y PSOE al incrementalismo catalanista.
Pero si hay un partido que ha facilitado el avance del catalanismo ha sido el partido socialista de Cataluña. En su role de partido de gobierno desde los años del President Pujol, cuando nacionalistas y socialistas se repartieron la administración del país –Generalitat para CiU, ayuntamientos para la izquierda– el PSC se concibió a sí mismo como un partido interclasista. Pero la transversalidad del PSC fue desigual: mientras su base electoral, siempre fiel, fueron los barrios y ciudades obreras de emigrantes españoles, sólo logró avances blandos en los segmentos profesionales más cosmopolitas de la clase media. El PSC renunció a aquello que es esencial a todo “partido”, que es, precisamente, “partir”, dividir, aunque sea a un país, para ganar. Y sólo hubiera podido hacerlo desde la activación de su base emigrante haciendo de la confrontación social, alimentada por la cultural, el conflicto dominante del país. Al tratar Cataluña como realidad suprema, inmanente, indivisible y socialmente neutral, el PSC adoptó el supuesto básico de todo nacionalismo, liberando las rutas de avance de CiU.
La imposición de conflictos es la más formidable de las armas políticas y, durante décadas, gracias a la pasividad del PSC, CiU ha conseguido imponer el conflicto nacional con España al social interno, incluso ahora, en la mayor crisis social. El soberanismo es políticamente dominante en Cataluña.
Sin embargo, la burguesía catalana no ha finalizado su travesía. España es ahora un ente de soberanía limitada, subordinada a una estructura superior. A CiU le queda un segundo reto: el plácet de Europa. Para obtenerlo ha de volver a acertar sus tácticas. La primera decisión, dificilísima, será elegir entre dos opciones: Ante Europa ¿es más factible la independencia “en un solo país”? o ¿es más conveniente ligar las aspiraciones de Cataluña a un bloque de naciones sin estado? Y tiene, también, que acertar las respuestas a las preguntas esenciales a todo conflicto. Primera, ¿cuánta visibilidad –p. ej., referéndums, insumisión?: puede ser alta. Segunda, ¿cuánta intensidad –p. ej., arriesgar el bienestar de la población?: ha de ser baja. Y ¿cuánto implicar a otros actores –p. ej., organismos internacionales, observadores?: puede ser mucho. La lucha final de la burguesía catalana será internacional.
Si CiU acierta sus tácticas Cataluña será independiente. Pero será un estado-nación cuando éstos ya no son lo que eran. No desfilará por Barcelona el 11 de Septiembre la división acorazada Guifré el Pilós. No se imprimirá una moneda propia. No tendrán las embajadas extranjeras enormes sedes en la Diagonal. Tampoco tendrá una política exterior diferenciada que importe. Y A. Merkel, o quien sea, no tratará a Cataluña mejor que M. Rajoy. El independentismo es posible porque, para un mundo globalizado, la independencia de un país petit –por utilizar la expresión de J. Guardiola– es irrelevante.
Pero la independencia sí sería relevante hacia dentro de Cataluña, un país que puede ser pequeño pero que genera, admirablemente, un enorme valor añadido, económico, social y cultural. F. Millet, el destacado miembro de la burguesía barcelonesa implicado en el affaire del Palau, declaró, ya famosamente, que en Cataluña los que mandan son unos cuatrocientos, que se encuentran en los mismos sitios, que son como una familia, parientes o no. La independencia consolidaría definitivamente la hegemonía de esta élite tradicional. No sólo de ella. También la de las clases medias afiliadas a la misma, a las que pertenecen los miles de cargos y políticos de la Generalitat catalanista, y los miles de consultores, proveedores y empresarios que viven directa o indirectamente de la administración autonómica. Lo que se juega con la petición de pacto fiscal–y–si–no independencia es, además de una de las posibles soluciones a los problemas económicos de Cataluña, el grado de monopolio que, en la globalización, éstas clases tendrán sobre la captura de ese valor añadido.
Que la burguesía catalana reivindique estructuras estatales en una Europa donde éstas son cada vez menos relevantes indica que, en un mundo de competencia abierta, necesita utilizar todos los mecanismos para mantener su hegemonía. Poco sorprendente, dada su centenaria tradición proteccionista. El independentismo es la fase superior del proteccionismo. Que sea factible es mérito de CiU y demérito del PSC, el partido que no se atrevió a partir.
José Luis Álvarez es doctor en Sociología por la Universidad de Harvard.
Cádiz: la fundación de un Estado
Francesc de Carreras (Catedrático de Derecho Constitucional de la UAB)
LA VANGUARDIA | 22/03/2012
La Constitución de 1812 regula los dos aspectos fundamentales de todo Estado liberal: la división de poderes y la garantía de los derechos
El Estado, según una concepción clásica, es aquel poder supremo que posee el monopolio de la coacción física sobre la población de un determinado territorio. Tener poder significa tener capacidad para determinar la conducta de otra persona. En este sentido, el Estado, en aquello que es de su competencia, tiene un poder superior a todos los demás, exclusivo y no compartido con nadie, ejercido a través de mandatos respaldados por la fuerza física, es decir, mediante legítimas detenciones, multas, encarcelamientos u otras medidas coactivas.
Los estados pueden ser de muy diversos tipos. El Estado liberal es, básicamente, aquel cuya finalidad es garantizar legalmente determinados derechos individuales mediante una organización que responda al principio de división de poderes. Pues bien, el primer Estado que existió en España fue liberal y de la Constitución que lo fundó se cumplieron el pasado lunes doscientos años.
¿No existía antes de esta fecha un Estado en España? Es obvio que España como territorio, incluso como trama de intereses, afectos y rencores, existía desde algunos siglos antes. Pero no estaba organizada completamente como Estado en el sentido antes dicho, sino que era una monarquía compuesta de diversos reinos, con leyes todavía muy distintas -a pesar de los decretos de Nueva Planta de Felipe V- e instituciones que todavía estaban en manos de la nobleza y del alto clero. En España aún había una organización política estamental, en fase agónica desde principios del siglo XVIII con la llegada de los Borbones, pero todavía con residuos feudales importantes. En definitiva, el rey no tenía aún el monopolio del poder.
Precisamente, el 6 de agosto de 1811 se aprueba en Cádiz el decreto de abolición de los señoríos jurisdiccionales, una antiquísima institución que otorgaba poderes políticos -legislativo, ejecutivo, tributario y judicial- a la nobleza y alto clero terrateniente, sustrayendo así amplios territorios al poder de la Corona. Con este decreto, entre otras medidas legales, todos los españoles quedaron sometidos a un poder político único: era el fin del Antiguo Régimen y el nacimiento definitivo del Estado.
El fundamento de este nuevo Estado se encuentra en los cuatro primeros artículos de la Constitución de 1812, que establecen los principios en los que se sustenta, en especial la nueva idea de nación, de matriz revolucionaria francesa, definida en el artículo 1: «La Nación española es la reunión de todos los españoles de ambos hemisferios». Simplemente eso. Una nación, por tanto, que no está basada en elementos identitarios, sean históricos, culturales, racistas o lingüísticos, sino sólo en elementos democráticos. Aquí nación equivale a pueblo, a conjunto de individuos con iguales derechos civiles, residentes en la España europea o americana, a excepción -por presión de los delegados de ultramar- de los esclavos de origen africano.
Definida así la nación, en ella reside la soberanía, es decir, el poder supremo constituyente, origen de todos los demás poderes: «La soberanía reside esencialmente en la Nación, y por lo mismo pertenece a esta exclusivamente el derecho de establecer sus leyes fundamentales» (artículo 3). Así pues, la soberanía reside en el pueblo, no en el rey como en el modelo absolutista anterior, y para que quedara definitivamente claro el artículo 2 establece que la nación española «no es, ni puede ser, patrimonio de ninguna familia ni persona». La nación es el pueblo, el conjunto de los españoles; el rey, un órgano del Estado, no un soberano.
Con este punto de partida fundamental, la Constitución de 1812 regula los dos aspectos fundamentales de todo Estado liberal: la división de poderes y la garantía de los derechos. Por primera vez, se establece un Parlamento elegido por sufragio indirecto cuyo cometido es elaborar y aprobar las leyes, se instaura un rey encargado de ejecutarlas y se organiza un poder judicial con el cometido de aplicarlas en caso de conflicto: Montesquieu en estado puro.
No figura en el texto constitucional una declaración formal de derechos fundamentales, pero muchos de ellos se especifican a lo largo del texto: igualdad ante la ley, libertad de imprenta, libertad de empresa y de comercio, derecho de propiedad, libertad personal, inviolabilidad del domicilio, derecho de sufragio, garantías penales y procesales, igualdad de tributos, abolición de la tortura. No figuran en dicho catálogo ni la libertad religiosa ni el derecho de reunión, notables carencias, pero, con todo, los súbditos ya han pasado a ser ciudadanos.
Como es sabido, fue muy escasa la vigencia de la Constitución de Cádiz, se trató más bien de un programa con eficacia aplazada, cuyas ideas no dan frutos hasta veinte años más tarde. Pero fue nuestra primera Constitución, una ruptura drástica con el sistema anterior, además de un símbolo y un mito para el futuro. ¿Qué celebramos, pues, estos días? Los doscientos años del comienzo del fin del Antiguo Régimen y el inicio de un Estado constitucional que llega hasta nuestros días. Nada más, nada menos. Las conmemoraciones y el recuerdo están más que justificados.
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